La respuesta del Estado de Derecho frente a la Ciberdelincuencia

DOAKO JARDUERA / ACTIVIDAD GRATUITA

El impresionante desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, su penetración en los diversos aspectos de la vida cotidiana y la utilización generalizada de estas herramientas por todos los ciudadanos y por los organismos e instituciones del sector público y privado está revolucionando nuestra sociedad.  Nuestra forma de trabajar, nuestras comunicaciones con las personas y con los organismos e instituciones e incluso el planteamiento de las relaciones sociales y económicas se encuentran actualmente vinculados a este imparable desarrollo tecnológico.  Ello genera, sin duda, múltiples ventajas que percibimos cada día pero, al tiempo, esta misma evolución tecnológica puede tener efectos negativos.

El uso generalizado de estos instrumentos en las relaciones personales, sociales y económicas ha ido determinando la aparición nuevos comportamientos -hasta ahora difícilmente imaginables- que por afectar gravemente a los derechos de las personas o al interés general, merecen ser objeto de persecución y sanción penal. Además la posibilidad de actuar frente a estas conductas desarrolladas en el ciberespacio exige también de herramientas tecnológicas que hagan factible la investigación de los hechos y de las personas responsables de los mismos, sin que ello implique limitar o reducir los principios y valores que constituyen el fundamento del Estado de Derecho

Por ello, en los últimos años, se está haciendo un esfuerzo muy especial, tanto a nivel nacional como internacional, para adaptar los ordenamientos jurídicos de los Estados a esta realidad, buscando además soluciones comunes a los diversos países y marcos geográficos dado el carácter transnacional del fenómeno criminal que nos ocupa. Así, de una parte, se han ido definiendo como delitos algunas novedosas conductas que por sus efectos merecen ese reproche y también se está avanzando para regular el adecuado aprovechamiento de las herramientas tecnológicas  para la investigación criminal de tal forma que su uso resulte eficaz frente a los ciberdelitos y al mismo tiempo respetuoso con los derechos y las libertades fundamentales de las personas. A este objetivo responden efectivamente las últimas reformas llevadas a efecto en nuestro país tanto el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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