No cabe otro camino que plantear seriamente un proceso reformador profundo de la institución parlamentaria

La articulación de la participación de personas expertas, interesados o simples ciudadanos en los procedimientos parlamentarios es viable. Tenemos que salir de esta pandemia con una reflexión profunda sobre las reformas indispensables para recuperar el rumbo y situar a la representación popular en el lugar que le corresponde. Se ha sustituido la ley por el decreto-ley como forma ordinaria de legislar. Aplicar un Derecho extraordinario es distinto que prescindir extraordinariamente del Derecho.

“Los valores que el Parlamento encarna en una democracia representativa son sencillamente abrumadores y además nunca han sido más necesarios que en este principio del siglo XXI”

El que fuera Letrado Mayor del Parlamento vasco, Ignacio Astarloa era así de contundente al iniciar su exposición en el Curso de Verano celebrado sobre el “40 aniversario del Parlamento Vasco: una mirada retrospectiva”

“El Parlamento significa limitación del poder y no concentración. Impide la ocupación de todo el espacio de poder por el Ejecutivo. Con la existencia de un Parlamento democrático hay algo que el poder no controla como es la voz de la oposición” y eso significa reconocer y canalizar el pluralismo, posibilitar la negociación y dar cauce organizado al disenso.

Nunca han sido más necesarios los valores que la institución parlamentaria encarna que en este principio del siglo XXI. En este tiempo de Gobiernos fuertes y de influyentes grupos sociales y mediáticos es menos concebible que nunca la democracia y sus valores sin instituciones parlamentarias verdaderamente operativas por eso, no cabe otro camino que plantear seriamente un proceso reformador profundo.

Ignacio Astarloa, actualmente Letrado de las Cortes Generales seguía con aseveraciones contundentes: “Limitándonos a guardar las formas (hacer elecciones, desarrollar debates y proporcionar marco solemne para la celebración de los actos públicos más relevantes), y asumimos que el protagonismo real del proceso político se desplace íntegramente al Ejecutivo, a los partidos políticos, a los grupos sociales representativos y a los medios de comunicación, lo que se pone en cuestión no es el mayor o menor peso del Parlamento, es la democracia misma y sus valores más profundos”.

La reforma tiene que entrar con todo rigor y determinación, decía en cuestiones tan espinosas como el desequilibrio entre el parlamentario individual y el partido político, la pérdida de valor de los debates, la lentitud de los procedimientos, la articulación de mecanismos para formalizar acuerdos trasversales en los asuntos de estado, y ejemplaridad de los responsables públicos

Y mirando a futuro pedía también “la articulación de la participación de expertos, interesados o simples ciudadanos en los procedimientos parlamentarios o la comunicación directa de la institución con los ciudadanos aprovechando las facilidades crecientes que brindan las nuevas tecnologías. Entre otras muchas cosas”

Ignacio Astarloa enumeraba un sinfín de circunstancias que hacían necesaria una reforma antes de 2015 como “la degradación progresiva del procedimiento y el debate legislativo, el recurso frecuente a procedimientos abreviados que impiden un examen detenido, la falta de calidad técnica de los textos, el recurso habitual a leyes ómnibus y preceptos intrusos, la ausencia de participación de expertos o interesados por contraste con la opacidad de los lobbies…”

Pero las cosas no mejoraron entre 2015 y 2019 tras acabar con el bipartidismo y entrar en escena nuevas fuerzas políticas emergentes.” No solo no fue así, sino que se multiplicaron los problemas” con la curiosa circunstancia de que “resultaba más probable que obtuvieran la mayoría necesaria las propuestas de la oposición que los proyectos del Gobierno”.

“Las medidas ante la pandemia han agudizado los problemas del Parlamento y están poniendo en cuestión el valor de las leyes. Con lo que la necesidad de reflexionar sobre la reforma del procedimiento legislativo y la posición constitucional de la ley y de las restantes fuentes normativas se está multiplicando extraordinariamente” Tal es así que Ignacio Astarloa decía que puede ser inevitable en ciertas circunstancias aplicar un Derecho extraordinario (que es distinto, por cierto, que prescindir extraordinariamente del Derecho). “Sencillamente se ha sustituido la ley por el decreto-ley”.

El papel del Parlamento ha sido de mero acompañamiento a los Decretos de Alarma del Gobierno. No se están incluyendo las medidas en los Decretos de Alarma, sino que estos están sirviendo de apoderamiento general para multitud de medidas posteriores tomadas por el Ejecutivo.  Normas del Ejecutivo incluso de rango ínfimo, acordadas por delegaciones intraadministrativas, están incidiendo seriamente en los derechos fundamentales…

Todo esto le lleva a Ignacio Astarloa a afirmar que “Todo esto es muy serio. Pudo ser inevitable parte de ello por el estado de necesidad inicial y el repentino conflicto generado entre bienes jurídicos a proteger. Pero ahora deberíamos estar trabajando con máxima prioridad en articular un régimen jurídico sólido, seguro e irreprochablemente constitucional frente a este tipo de situaciones. Y que además preserve el papel determinante que constitucionalmente solo corresponde al Parlamento y a la Ley”.

“Tenemos que salir de esta pandemia con una reflexión profunda sobre las reformas indispensables para recuperar el rumbo y situar a la representación popular en el lugar que le corresponde”. Ahora esforzándonos por corregir el tiro en lo posible y no ahondar en el descrédito del Parlamento. Y en el futuro, para recuperar a fondo el papel legislador de un Parlamento modernizado y con ello, el valor de la Ley”.