Construyendo la paz en Colombia

Lecciones del proceso llevado a cabo por la Comisión de la Verdad. Falta por entregar tan sólo el último de los 10 tomos que compendian el trabajo realizado durante 3 años y medio por la Comisión de la Verdad de Colombia creado tras el acuerdo suscrito entre las FARC y el gobierno colombiano en 2016 y tras casi 60 años de conflicto bélico.

Una experiencia que será detenidamente analizada en el curso “Derecho a la verdad como herramienta para la construcción de la paz. Diálogo internacional a partir de la experiencia de Colombia” que se celebrará el 7 y 8 de septiembre en el Palacio Miramar.

“El más largo de América Latina”, según remarca Carlos Martín Beristain experto e investigador en derechos humanos, asesor en las “comisiones de la verdad” de Perú, Paraguay y Ecuador, y comisionado para las víctimas en el exterior de Colombia.

“Esta comisión es diferente también porque se ha dado en un contexto de acuerdo de paz, pero con grupos que no se han sumado como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) o disidentes de las propias FARC. Diferente también por la gran cantidad de testimonios recogidos en una gran conversación nacional, con más de 50 audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidad y reconocimiento a las víctimas, en una dinámica de diálogo social que no se ha reducido a la toma de testimonios o esclarecimiento de hechos”.

Por eso Carlos Martín Beristain repite la expresión de “gran conversación nacional” alrededor de víctimas y responsables tanto de las FARC como grupos paramilitares y aparatos del Estado, que han reconocido los secuestros, las masacres y las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos” en Colombia. Como legado, es la primera comisión de la verdad en la era digital, por lo que además del informe propiamente dicho, existe una plataforma transmedia en la que se recogen también testimonios y numerosas grabaciones documentales disponibles para la sociedad.

Nada es transferible de un conflicto a otro, pero hay una gran experiencia acumulada y nuevos pasos que muestran otras maneras de hacer. ”Lo que hemos hecho en los procesos de reconocimiento de responsabilidad es una experiencia novedosa, y muestra cómo se pueden dar pasos desde el lado de los responsables para reconocer lo que les ha pasado a las víctimas, en un intento de reconstrucción social en lo que llamamos un camino hacia la reconciliación”.

Ese reconocimiento de responsabilidades no se ha dado casi en ninguna de las comisiones que han existido antes, excepto en el caso de Sudáfrica, en donde la comisión tenía una versión judicial con un comité de amnistía que contemplaba un perdón judicial.

En este caso existe una jurisdicción especial para la paz, un tribunal de justicia restaurativa que va a proporcionar una salida a cambio de una contribución efectiva completa a la construcción de la verdad, por parte de los acusados. Por otra parte, existe una unidad con un mandato humanitario para la búsqueda de los más de 100.000 desaparecidos que hay en Colombia.

“El reconocimiento forma parte de la Comisión especial para la paz con un foco judicial y también forma parte de la comisión con una versión extrajudicial. Es una de las novedades, que supone, que los responsables contribuyen a una verdad más amplia porque no se reduce al reconocimiento, sino que se abre a dar una explicación a las víctimas. Decir el por qué y desvelar los mecanismos que hicieron posible el horror a gran escala que se dio en el país”.

“Comenzamos hace 3 años y medio para ver a qué estaban dispuestos las FARC, los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, paramilitares que sembraron el terror. Ver qué estaban dispuestos a reconocer como parte de esa reconstrucción social. Eso significa enfrentarse con ellos mismos, porque la guerra conlleva una deshumanización del otro y de uno mismo poniendo encima de todo el objetivo militar, y sometidos a una disciplina totalmente injusta contra la población civil. Explicar todo esto a las familias son pasos muy duros y muy constructivos”.

Es todo un proceso que ha llevado tiempo. Poniendo una distancia emocional uno puede justificar una bomba indiscriminada tiñéndolo de política, pero en Colombia “hemos hablado de un giro ético en el reconocimiento de los hechos. No se trata solo de confirmar el horror de los hechos, sino que los autores estén con las víctimas y hagan un reconocimiento social dando más pasos como parte de su contribución a la paz”.

Se han recogido 14.000 testimonios individuales y otros colectivos en una conversación nacional de más de 30.000 personas. La misión de la Comisión de la Verdad es determinar la veracidad de los hechos, y hasta donde se pueda, de las responsabilidades colectivas. Las individuales le corresponden a la jurisdicción especial para la paz (un tribunal). “La comisión de la verdad tiene que hacer un relato amplio e inclusivo de las distintas experiencias, de tal manera, que la gente sienta que su historia está incluida”.

La gente desde el principio nos dijo: “queremos una verdad que nos explique el porqué de un conflicto de 60 años. La paz no ha sido un proyecto de nación en Colombia. Ha habido diferentes intentos parciales que no se llegaron a consolidar. Aun en la actualidad, se mantienen algunos grupos paramilitares ligados al narcotráfico que han seguido teniendo un control territorial. Es parte de la agenda para la paz que queda pendiente con el nuevo gobierno.

El 28 de junio se entregó el primero de los 10 volúmenes elaborados por la comisión. Uno hace referencia al impacto de la guerra en la niñez, otro al género, el exilio, la historia. Falta el que recoge la violación de derechos humanos. La entrega es a la sociedad, al gobierno, a cargos políticos e instituciones, como el Parlamento Europeo, el Consejo de Seguridad de la ONU y un largo etc. 

El nuevo presidente Gustavo Petro recibió oficialmente a la comisión que le expuso las recomendaciones que a futuro se realizan en el informe. Primero el cumplimiento y extensión del acuerdo con las FARC al ELN (Ejército de Liberación Nacional). Se recomienda la creación de un gran ministerio para la paz que sea el motor de esa “agenda de la paz”.

Se recomienda también una política distinta contra el narcotráfico, parte sustancial del conflicto. El paradigma de la lucha contra las drogas ha tenido al campesino cocainero como centro, y no a los capos.  El narcotráfico sigue alimentando la guerra. Se han militarizado territorios, pero no ha llegado un estado civil. Se propone la creación de una comisión internacional de investigación para “deshacer los entramados paramilitares de intereses económicos que han mantenido el narcotráfico”.

Carlos Martín Beristain recuerda también que la figura del fiscal ha estado muy controlada políticamente por gobiernos y por el paramilitarismo, por lo que se recomienda un cambio total en la elección del fiscal general del Estado.

Además de las propuestas de integración cultural, se propone también un cambio en las políticas de seguridad. Un modelo que no se ha tocado nunca y que no ha sido eficaz para proteger la vida de la gente. Colombia tiene 10 millones de víctimas y un millón tuvieron que salir del país para salvar su vida. “La doctrina de seguridad de las fuerzas armadas colombianas, las más numerosas después de USA en América Latina, tiene que pasar a una doctrina de seguridad más humana y no basada en considerar a los campesinos y movimientos sociales, como parte del enemigo”.

“El País Vasco puede aprender de todas estas dinámicas. Los mecanismos como tal no son transportables, pero muchas de las cosas que se han hecho son lecciones para otros países y otros conflictos”.

Al igual que en Euskadi “también en Colombia hemos trabajado en contextos de fuerte polarización política, de negacionismo, de falta de reconocimiento de los responsables de lo sucedido. También se han dado esos giros éticos en el proceso de reconocimiento. Hay muchas cosas que aprender también en el País Vasco”.